Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia y determinar las atribuciones y competencias para las funciones de inteligencia y contrainteligencia, estableciendo los fines y límites de sus actividades, la seguridad de la información, protección de los agentes y fuentes, coordinación y cooperación de los organismos, y deberes de las entidades públicas y privadas, es el principal objetivo del proyecto de Ley de Inteligencia que presentó la legisladora Inés Alarcón.

La asambleísta en su propuesta advierte que el país vive un momento crítico frente a las distintas amenazas y riesgos que se presentan en materia de seguridad integral, exacerbados por la creciente influencia de organizaciones criminales y de crimen organizado transnacional en el territorio nacional.

Agrega que esta situación ha precipitado una crisis de seguridad de amplias dimensiones, que demanda una acción estatal prioritaria, oportuna, eficiente y urgente, y que la capacidad del Estado para fortalecer, consolidar e implementar un Sistema Nacional de Inteligencia efectivo ha sido insuficiente, evidenciando una alarmante infiltración de estos grupos dentro de la administración pública, lo cual constituye una amenaza constante para la soberanía y seguridad integral del Estado.

Afirma que frente a ello, su proyecto es fundamental para dotar al país de un marco legal robusto que permita una gestión efectiva de la información y los recursos necesarios para la prevención y neutralización de amenazas internas y externas. Esta legislación facilita la toma de decisiones informadas en materia de seguridad integral y protección de la soberanía del Estado, además de fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia y su capacidad para obtener, procesar y analizar información de manera precisa.

Según la propuesta, la función de inteligencia y contrainteligencia se desarrollará a través de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, utilizando medios humanos, técnicos y tecnológicos para la planeación y seguimiento; búsqueda; procesamiento; producción y difusión de información, con el objetivo de prevenir, reducir y combatir las vulnerabilidades, amenazas y riesgos para la soberanía y la seguridad integral.

Además, prevé que el ente rector del sistema dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales, asignados para las funciones de inteligencia y contrainteligencia que realicen los subsistemas y prohíbe realizar egresos, con cargo a las cuentas del Fondo Permanente de Gastos Especiales, para fines ajenos a actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto previo a su calificación en el Consejo de Administración Legislativa, será remitido a la Unidad de Técnica Legislativa que preparará el informe respectivo.