La crisis persistente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador ha marcado una serie de episodios de inestabilidad desde el 2019, y un nuevo capítulo de incertidumbre se vislumbra en los próximos días, cuando los jueces de la Corte Constitucional (CC) tomen una decisión sobre la destitución o no de Alembert Vera, quien asumió la presidencia del Cpccs el 15 de mayo de 2023. La causa de esta controversia es su intento de establecer una veeduría para evaluar la gestión de los magistrados.
Sin embargo, el caso de Alembert Vera no es un hecho aislado en la tumultuosa historia del Cpccs. Se han acumulado antecedentes que evidencian un desequilibrio institucional que ha obstaculizado que un presidente del Cpccs logre mantenerse en el cargo durante más de dos años, a pesar de que el período para el que son electos es de cuatro años.
El inicio de esta cadena de eventos tuvo lugar en 2019, cuando "el cura" Carlos Tuárez asumió la presidencia del Cpccs en junio, tras las elecciones de ese año. Sin embargo, apenas dos meses después, en agosto, la Asamblea Nacional destituyó a Tuárez y a los consejeros que le habían respaldado para llegar a la Presidencia, argumentando que se habían atribuido funciones que no les correspondían y por intentar desconocer un fallo de la Corte Constitucional.
Le siguió Christian Cruz, quien asumió el cargo en agosto de 2019 con el apoyo de varios vocales. No obstante, su mandato también fue breve, durando menos de 14 meses. Cruz fue censurado y destituido en octubre de 2020 por la Asamblea, acusado de falta de probidad y arrogación de funciones, especialmente relacionado con la obtención de un carné que le otorgaba un alto porcentaje de discapacidad y una licencia para conducir vehículos pesados.
La presidencia del Cpccs luego pasó a Sofia Almeida por línea de sucesión. Aunque Almeida logró permanecer más tiempo en el cargo, su mandato se vio interrumpido cuando fue desconocida por sus propios compañeros consejeros en febrero de 2022, acusada de suspender sesiones en numerosas ocasiones y dilatar la elección de autoridades, como el Contralor General.
La designación de Hernán Ulloa como el cuarto presidente del Cpccs en menos de tres años parecía augurar estabilidad, pero su mandato también fue efímero. Ulloa, especialista en ciencias penales y criminológicas, asumió en febrero de 2022 en medio de disputas con su predecesora, Sofia Almeida. Sin embargo, su liderazgo duró solo once meses antes de ser censurado por la Asamblea y posteriormente destituido por la Corte Constitucional debido a un "incumplimiento deliberado y sistemático" de una sentencia de septiembre de 2022 que ordenaba el nombramiento del Presidente titular del Consejo de la Judicatura.
