El Gobierno de Ecuador defendió el Decreto 754 durante una audiencia pública celebrada el 18 de septiembre de 2023 en la Corte Constitucional, en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones. El decreto, que norma la consulta previa, ha sido suspendido como resultado de esta demanda, lo que ha afectado a 178 proyectos productivos en el país.

El Gobierno argumentó que la suspensión del decreto tiene un impacto negativo en diversos sectores, ya que impide no solo la realización de consultas previas, sino también la obtención de licencias ambientales necesarias para operar. Yolanda Salgado Guerrón, subsecretaria jurídica de la Presidencia de la República, enfatizó que esta situación perjudica a proyectos relacionados con agua y saneamiento ambiental, servicios públicos, industria, turismo y más, y no se limita únicamente a proyectos mineros.

Salgado señaló que la demanda se enfoca en solo dos proyectos mineros (La Plata y Curipamba) y que la suspensión del decreto afecta a más de 100 proyectos de distintos tipos. Entre los sectores afectados se encuentran la salud, con la paralización de proyectos de hospitales públicos y privados.

La subsecretaria jurídica instó a la Corte Constitucional a considerar las graves consecuencias de la suspensión del decreto en la población ecuatoriana y a evitar decisiones que perjudiquen a la mayoría de la población. Además, señaló que la demanda de inconstitucionalidad se basa en "demandas de inconstitucionalidad falaces y mentirosas".

Desde el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, se argumentó que la demanda se centra en aspectos de forma, no en el contenido del decreto ejecutivo. También se destacó una contradicción en los argumentos de los denunciantes, quienes alegaron la falta de consulta prelegislativa pero luego afirmaron que existió y que generó desacuerdo.

Se reiteró que el Decreto 754 cumple con una disposición de la Corte Constitucional y no reemplaza la consulta previa, libre e informada. Representantes del sector industrial y abogados constitucionales expresaron su apoyo al decreto y su importancia para el desarrollo del país.

Por parte de los demandantes, se argumentó que la consulta ambiental requiere una ley orgánica para su aplicación según la Constitución, y que el decreto "desvirtúa el derecho humano a la consulta previa, libre e informada". Se destacó que el decreto no hace una distinción clara entre la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental.

La Corte Constitucional otorgó tres días para presentar documentación adicional y preparará un dictamen para la votación de todos los miembros de la Corte. La audiencia pública se centró en un tema crucial para el desarrollo económico y la protección de los derechos de las comunidades indígenas en Ecuador.