Un informe pericial ha respaldado al expresidente Rafael Correa en relación con una glosa impuesta por la Contraloría General del Estado (CGE) que involucraba el uso del avión presidencial y un presunto perjuicio al Estado de USD 9 649 761. Cinco años después del incidente, el informe pericial parece darle la razón a Correa.

En sus redes sociales, el exmandatario recordó el caso y lo calificó como parte de la persecución dirigida por Pablo Celi, el excontralor subrogante que fue sentenciado por delincuencia organizada a 13 años y cuatro meses de cárcel.

Correa compartió una hoja del informe pericial elaborado por el teniente coronel Christian Vargas, que, según el expresidente, desacreditó las acusaciones de Celi. Correa se preguntó quién recompensará a los funcionarios perseguidos y los gastos en abogados acumulados durante estos años.

El informe pericial concluyó que todos los viajes cuestionados por la Contraloría se llevaron a cabo y cumplieron con los procedimientos operativos de vuelo. La única observación fue la falta de documentación que constate la autorización para despegar en cuatro vuelos.

En una ampliación posterior, Vargas concluyó que las afirmaciones sobre responsabilidad penal eran falsas. También se aclaró que los vuelos sin documentación de autorización tenían una lista de pasajeros y un propósito oficial, y no fueron realizados por Correa durante su presidencia.

El examen especial que llevó a estas acusaciones se realizó en la Presidencia de la República y entidades relacionadas como parte del Plan Anual de Control del año 2018 y fue difundido por la Contraloría en septiembre de 2019. En ese momento, se alegó que varios vuelos internacionales habían sido utilizados por otros funcionarios en lugar del presidente de la República.