La Corte Constitucional (CC) inadmitió las seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto de muerte cruzada y disolución de la Asamblea Nacional. Con esta decisión, se ratifica la legalidad de la medida aplicada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
El jueves 18 de mayo, los tres tribunales que conforman la Sala de Admisión de la Corte Constitucional emitieron seis autos en los que rechazaron las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto Ejecutivo Nro. 741.
Por unanimidad, los jueces consideraron que no tenían competencia para pronunciarse sobre la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional.
En relación a la posibilidad de apelar esta decisión, los abogados constitucionalistas consultados por El Comercio aseguran que la decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad de la muerte cruzada no es apelable ni en la Corte Constitucional ni en otra instancia judicial. En otras palabras, ya no es posible que un juez invalide la muerte cruzada decretada por Lasso.
La Corte Constitucional, en un comunicado, deja claro que ni ese organismo ni ninguna otra autoridad judicial del país tiene competencia para pronunciarse sobre la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional.
Además, en las seis resoluciones emitidas por la CC se menciona que las decisiones de rechazar las demandas "no son susceptibles de recurso alguno", por lo que se ordena el archivo de los expedientes de las demandas de inconstitucionalidad de dicho decreto.
Es importante destacar que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que "contra el auto de rechazo no cabe recurso alguno".
El presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada el miércoles 17 de mayo de 2023, invocando la grave crisis política y conmoción interna. Con esta decisión, el Primer Mandatario disolvió la Asamblea Nacional y gobernará bajo decreto durante seis meses. Lasso mencionó que "he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea".
Asimismo, con este decreto, Lasso solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
