El día de hoy, el presidente de la República, Guillermo Lasso, compareció ante la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político en su contra, en el cual los interpelantes Viviana Veloz y Esteban Torres argumentaron que existió peculado en el contrato entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker.
Tras las réplicas, se dio inicio al debate, donde los diferentes legisladores expresaron sus puntos de vista. En su derecho a la réplica, el asambleísta Esteban Torres (PSC) consideró que el presidente Lasso no ha desvirtuado su responsabilidad política en relación a la empresa Flopec, sosteniendo que la muerte cruzada es una simple amenaza.
Por su parte, la asambleísta Viviana Veloz (Unes) mencionó en su derecho a la réplica que el Presidente de la República ha engañado al pueblo ecuatoriano y jamás presentó una denuncia por los actos de corrupción ocurridos en Flopec, enfatizando que han presentado pruebas documentales y testimoniales que demuestran la responsabilidad política del presidente Lasso en el caso de peculado.
Durante el debate, el legislador Victoria Desintonio (PSC) presentó pruebas documentadas que presuntamente vinculan al presidente en actos de corrupción, anunciando su voto a favor de la censura y destitución del Primer Mandatario.
El legislador Edgar Quezada manifestó su preocupación por el supuesto irrespeto al dictamen de la Corte Constitucional y agregó que tomarán una decisión basada en los argumentos presentados por los interpelantes y por el presidente.
Asimismo, el legislador Luis Almeida expuso las necesidades que enfrentan todas las provincias del país en diversos ámbitos y expresó su deseo de que el presidente Lasso proponga temas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.
En otro orden, Eitel Zambrano sostuvo que el juicio político está amañado por las fuerzas políticas contrarias al Ejecutivo, mientras que la parlamentaria Lucia Placencia destacó que el juicio político es un ejercicio importante de fiscalización y control político de la Función Legislativa, afirmando que el Jefe de Estado ha defraudado a los 18 millones de ecuatorianos.
El proceso de juicio político continúa y se espera que la Asamblea Nacional tome una decisión en base a los argumentos presentados durante el debate.