El Gobierno y las organizaciones indígenas firmaron el acta de cierre en tres mesas, pero no todos los temas tuvieron la respuesta deseada por los dirigentes.

Energía y recursos naturales, Control de precios, y Fomento productivo son las tres mesas en las que las partes suscribieron las actas ayer en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), tras una jornada en la que afinaron avances.

Hubo acuerdos parciales, pues no todos los pedidos de las organizaciones fueron acogidos por el Ejecutivo. Pero los documentos se firmaron para cumplir con el cronograma establecido el 31 de agosto, frente a la Iglesia Católica. El compromiso fue firmar actas de cierre con acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y proceso de seguimiento.

En la mesa de Energía se registraron acuerdos y desacuerdos. Un acuerdo es que el Gobierno debe presentar una propuesta final sobre seis puntos: Moratoria y auditoría en minería y petróleos; Remediación e indemnización; Reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Minería; Reformas a la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica; Reformas a la Ley de Petroecuador; y la creación de la Ley de Consulta previa, libre e informada.

Por ejemplo, en el primer punto entrarán en moratoria temporal, por 12 meses, 15 bloques petroleros ubicados en Pastaza y Morona Santiago, incluyendo los de la Ronda Sur Oriente hasta contar con la Ley de la Consulta previa, libre e informada. En esos bloques no existen actividades extractivas ni de exploración. El documento borrador de esa ley se elaborará en una comisión y se presentará a la Asamblea Nacional, explicó Xavier Vera, ministro de Energía. Al ser bloques que no operan, no sería una moratoria, consideró Patricio Meza, técnico de la Conaie.

Según el Gobierno, no entregará nuevos títulos ni licencias ambientales hasta contar con las normativas antes mencionadas. Leonidas Iza, titular de la Conaie, dijo que 25 puntos estaban vinculados a problemas mineros y hay proyectos como los de Loma Larga, Curipamba y La Plata que “están a punto de pasar a la etapa de explotación” y si luego de cerrada la mesa pasan a esa etapa, “sería una señal de que no se quiere respetar los derechos”.

En control de precios, el acta se firmó con cinco acuerdos y tres divergencias. Por ejemplo, se aplicará el subsidio cruzado que beneficia a quienes menos consumen; la difusión y actualización de la Tarifa de la Dignidad será para usuarios con consumo de hasta 110 kilovatios/hora en empresas de la Sierra y hasta 130 kilovatios/hora en empresas de la Costa, Amazonía e Insular. Se realizará la difusión de la Tarifa Social en servicios de telefonía móvil e Internet fijo para la población vulnerable de áreas rurales y urbanas.

El Ejecutivo se comprometió en mejorar los servicios de telecomunicaciones y fortalecer los controles para evitar la publicidad engañosa. Un desacuerdo es que para el Ejecutivo no es posible establecer precios de productos industrializados, pues dependen de insumos nacionales e importados.

La mesa de Fomento productivo firmó el acta al final de la jornada. Se decidió crear una comisión para establecer precios referenciales al productor y a canales de comercialización.