Están calificadas a trámite dos solicitudes de juicio político contra esos funcionarios. El trámite será en la Comisión de Fiscalización.

De las cinco solicitudes de juicio político que calificó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dos corresponden a legisladores del correísmo. La una, presentada por Ronny Aleaga en contra del Contralor Subrogante, Carlos Riofrío; y la del asambleísta Ferdinan Álvarez en contra del procurador, Íñigo Salvador.

Aleaga cuestionó que el CAL primero haya calificado las solicitudes de juicios políticos contra el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia y la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, dejando al último los procesos contra Salvador y Riofrío, cuando fueron las primeras solicitudes en ser presentadas. “Parecer ser que tratan de defender a estas autoridades como lo hicieron, en su momento, con el exministro Richard Martínez, alargando los tiempos”, aseguró el legislador.

Aleaga acusa a Riofrío de incumplimiento de funciones en relación con la normativa relacionada con los informes previos. “La Ley es muy clara y dice que todas las contrataciones de obras tienen que tener un informe previo. Sin embargo, Riofrío, vía Twitter, sacó un comunicado en el que dice que, por reglamento, los informes previos van para obras con montos de más de 900 mil dólares”, cuestionó Aleaga. Agregó que hay un incumplimiento al querer pasar un reglamento por encima de la ley.

Aleaga presenta como prueba un contrato por 400.000 dólares con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y que, según dijo, tiene problemas en los procesos y no fue objeto de informe previo para su contratación.

El otro proceso

Por su parte, el legislador Ferdinan Álvarez asegura que el procurador Salvador no ha defendido los intereses del Estado y que, antes de que concluyan los arbitrajes internacionales en los casos Perenco y Chevron, ya anticipaba que el país iba a perder y que estaba condenado a pagar a esas empresas. Según Álvarez, son dos procesos que demuestran la falta de capacidad del funcionario para velar por los intereses del Estado ecuatoriano.

En su momento, Salvador aseguró que la bancada correísta le pretende llevar a juicio político ya que ha participado en juicios contra altos funcionarios de ese régimen que terminaron en condenas, como el caso soborno, y ha impulsado leyes para que devuelvan los perjuicios económicos causados al país.