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Ecuador busca evitar un embargo de Perenco, tras fallo a favor la petrolera

Ecuador busca evitar un embargo de Perenco, tras fallo a favor la petrolera Destacado

El Estado debe lograr un acuerdo para pagar más de 370 millones de dólares. Si no se logra y no se inicia el pago, la empresa podría tomar bienes del país en el extranjero.


Ecuador no ha establecido todavía un acuerdo de pago con la compañía petrolera anglofrancesa Perenco, a la que deberá cancelar algo más 374 millones de dólares, luego de que un tribunal arbitral internacional emitió la sentencia definitiva a favor de la petrolera, que pone fin a una millonaria y larga disputa internacional. Así lo confirmó el procurador del Estado, Íñigo Salvador, durante una comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde explicó este proceso y las implicaciones para el país.

El 28 de mayo de este año, un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) obligó al Estado ecuatoriano a pagar 435’182.000 dólares por concepto de incumplimiento de contrato de inversión, pero, al mismo tiempo, a la petrolera le obliga a cancelar a Ecuador 54’439.517, como indemnización por los daños ambientales.

El pago del saldo entre esas cifras, más los costos judiciales, es lo que el país busca acordar en los próximos 60 días con Perenco. “Tendré que ir a tratar de convencerles de que la situación por la que hoy vive el país no es la mejor para cobrar”, dijo Salvador.

Sin embargo, alerto que, si no se llega a un acuerdo y no se inicia con los pagos, se podrían establecer procesos de ejecución del fallo contra el Estado en el exterior. “Hay la posibilidad de que ese laudo sea ejecutado y se comiencen a emitir sentencias contra el Estado en el extranjero, donde existen bienes del Ecuador para ser embargados”, dijo.

El origen del conflicto

En abril de 2006, entró en vigencia la Ley 42, que estableció una participación mínima del 50% del Estado en los excedentes petroleros. La compañía francesa manejaba los bloques 7 y 21 de la Amazonía, con derecho a participar con el 57,5% y 53,75% de los excedentes de esos campos. En octubre de 2007, ya con el correísmo en el poder se expidió el Decreto 662, que aumentó al 99% la participación del Estado en los excedentes petroleros.

Perenco consideró arbitraria e ilegal esas decisiones y presentó en el 2008 la demanda arbitral en contra del Estado, aduciendo incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), al violar sus derechos contenidos con los contratos originales de participación.

Salvador manifestó que el país tiene que pagar esa deuda y que no hay posibilidad, por el momento, de presentar una acción de repetición contra funcionarios que, por acción u omisión, generaron ese conflicto. El Procurador informó que, para iniciar una acción de repetición, primero se tiene que cancelar la totalidad del monto establecido en la sentencia o resolución. Tampoco se ha determinado la identidad de las personas presuntamente responsables. Aseguró que no está claro en la Legislación ecuatoriana el procedimiento de repetición, ya que está dispersa en varias normas. 

Los legisladores

Los asambleístas correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Pascacio Córdova acusaron a Salvador de no trabajar por los intereses del país y de alinearse a los intereses de la petrolera. Aseguraron que la modificación de los contratos fue beneficiosa económicamente para el país, especialmente para la región amazónica, y que fue una medida que buscó defender la soberanía frente a intereses extranjeros.

Pedro Velasco (independiente) dijo que el laudo arbitral es preocupante, ya que millones de dólares del país irán a parar en el extranjero como producto de demandas por incumplimientos de funcionarios “irresponsables”.

Por su parte, Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión, manifestó que la defensa del Estado no ha servido para recuperar recursos.

 

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