Por Jorge Gallardo
De vieja data es que “donde hay dos abogados, existen tres opiniones”, y en estos tiempos de muerte cruzada dicha sentencia adquiere fuerza de irrefutable verdad. Las explicaciones y conclusiones públicas de los especialistas, confirman el aserto.
¿Para qué el ciudadano en general debería leer el texto constitucional si, al final, será la interpretación jurídica -la mayor de las veces a conveniencia- la que se imponga? Alrededor de la atribución presidencial (Art. 148) de disolver la Asamblea Nacional “cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente…”, los medios de comunicación han recogido, pluralmente, las opiniones de especialistas en la materia y lo que de ellos se destaca es su total falta de coincidencia: unos dicen que su aplicación es correcta, otros que no y, como es lógico que suceda, en la población lo que queda es incertidumbre, si no confusión total, en torno a la resolución adoptada por el presidente de la República.
Es lamentable aceptar como “normal” que el pueblo no tenga claridad sobre hechos de enorme trascendencia para la vida del país, tal es el caso que nos ocupa. Pero, también, lo es que respecto de lo mismo estudiantes de leyes terminen confundidos. En todos los casos de consulta periodística los escogidos son especialistas en derecho constitucional y son profesores universitarios, por tanto, debe deducirse que, en sus clases, a sus alumnos les enseñen lo que defienden públicamente: correcto el decreto de disolución o incorrecto dicho decreto, según sea el caso. Porque si es de otra forma, es decir, lo dicho para los medios obedece, sobre todo, a lo que manda el pensamiento político-ideológico, aun cuando haya previa aclaratoria declaración de independencia, todo termina siendo una farsa y, por consiguiente, irresponsable participación en el foro público.
La Corte Constitucional, que emitió dictamen favorable al decreto de disolución, ya debe comenzar la discusión de un nuevo caso: la Asamblea que tomará posesión, probablemente en noviembre de este año, ¿puede o no seguir el juicio político al presidente Lasso, truncado por la muerte cruzada? Los políticos, según sus intereses, ya han dado sus respuestas, y, para variar, los constitucionalistas tienen magistrales diferencias.
