Viernes, 19 Agosto 2022
Zaruma, en manos del gobierno central

Zaruma, en manos del gobierno central Destacado

 

Por Jorge Gallardo

Apuntándose todos, unos a otros, se acusan de ser los culpables de lo sucedido. Así grafica Bonil (El Universo), lo que ocurre en Zaruma. No se equivoca.

Al calor de la tragedia, humanamente, puede entenderse que encontrar a los responsables del desastre es lo correcto. Más, eso, sin dejar de ser importante, podría ser otra pérdida de tiempo. Una placa a la ignominia con sus nombres, la cárcel y hasta la indiferencia, podría ser el castigo para ellos. Pero, por ahora, lo prioritario, es resolver y para siempre el problema.

Debe ser el gobierno nacional, como un todo, el que intervenga y garantice a los zarumeños que nunca más habrá minería, concesionada y clandestina, que ponga en riesgo la estabilidad de la ciudad y, lo más importante, en peligro la vida de sus habitantes. No cabe aceptar que el ministerio tal o cual (Ambiente, Turismo, Patrimonio, Inclusión, etcétera), por cuerda separada, se encargue del análisis, del diagnóstico, del estudio, de la investigación, porque, de ser así, entonces pasará largo tiempo, la criminal minería seguirá y, por qué no, un nuevo socavón hará temblar si no hundir del todo a la urbe patrimonial, contándose por decenas o centenas los muertos, y daños materiales incalculables de valorar.

Lo ocurrido recientemente no sorprende a nadie. Las denuncias de los graves peligros que representa la actividad minera en el subsuelo de Zaruma y sus alrededores cercanos, datan de varias décadas. En corrillos, a sottovoce y a viva voz, se ha contado y se cuenta lo que sucede: intereses mineros de grandes y pequeños, sobornos a fuerzas del orden (policías y militares), compra de autoridades (alcaldes, concejales, legisladores, ministros, jueces, etcétera), han logrado que no se ponga fin a la situación reinante.

Entonces, es al gobierno, con el presidente Lasso a la cabeza –quien se ha comprometido a luchar contra la corrupción y firmó un Código de Ética que rige para todos los funcionarios del Ejecutivo-, al que le corresponde, de inmediato, decretar la finalización definitiva de las labores mineras, que, con seguridad, afectará a muchos pero que, son bastante menos a los que quieren vivir sin riesgos y, también, que su histórica ciudad viva para siempre.

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