Miércoles, 17 Agosto 2022
Pandorapaperazo!

Pandorapaperazo! Destacado

 

Por Carlos de Tomaso

Desde que la Asamblea Nacional bajo la argumentación de “investigación imparcial” aprobó la resolución para sacar de la Comisión de Fiscalización -a quien por lógica le correspondía-la investigación al Presidente Lasso por la publicación de los Pandora Papers las sospechas empezaron. Con la lectura del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, me vino a la mente una figura que en el derecho se conoce como desvío de poder: es decir usar el ejercicio de una potestad para un fin distinto de aquel previsto para esa potestad; en este caso se podría pensar un probable desvió de la potestad fiscalizadora para investigar para buscar en realidad alguna puerta para intentar la destitución del Presidente bajo la causal de “grave conmoción interna” prevista en el artículo 130 de la Constitución.

La Corte Constitucional ha dado referencias de las circunstancias para la existencia de una grave conmoción interna: “Que la intensidad de los hechos afecte gravemente el ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad; y, la convivencia normal de la ciudadanía y que los acontecimientos generen una considerable alarma social”. Pregunto: ¿Quién puede sostener y argumentar que la investigación periodística -muy respetable por cierto- de los Pandora Papers ha provocado todos esos efectos en la sociedad?. Nadie !.

Claro, van por esa causal por que creen que no requiere dictamen previo de la Corte Constitucional; y efectivamente no requiere, pero eso no significa que la Corte no pueda hacer control posterior de constitucionalidad, con lo cual cualquier abuso quedará controlado.

Ahora bien, ninguna autoridad – ni el Presidente- está exento de responsabilidades. Pero todos los ciudadanos -incluso el Presidente- tienen derechos a la presunción de inocencia, a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica. Y en este marco, el Presidente tiene derecho a que se proceda conforme al marco jurídico vigente y aplicable, y que la investigación la realicen los órganos competentes.

La Ley de Aplicación de la Consulta Popular 2017- Paraísos Fiscales, establece la competencia exclusiva de la Contraloría General del Estado para establecer si un candidato o una persona en ejercicio del cargo incumplió la Ley de prohibición de bienes en paraísos fiscales. Pero en el caso del Presidente incluso la Ley tiene un lógico refuerzo: en caso de dictamen de incumplimiento, ese dictamen tiene que enviarse a la Corte Constitucional para que ratifique el criterio. Recién ahí podrían haber consecuencias.

Ese es el debido proceso al que tiene derecho el Presidente Laso, que básicamente es una investigación técnica a su declaración patrimonial; no es una investigación de evasión tributaria tal como de mala fe también se ha querido hacer pensar.

El Pandorapaperazo que aparentemente se pretende realizar, sería plenamente inconstitucional por la forma y por el fondo, atentatorio de los derechos del Presidente, y sobre todas las cosas atentatorio a la democracia. Ahí estará siempre la Corte Constitucional como garante de la Constitución. Queda claro que ninguna comisión de la Asamblea, ni la Asamblea misma, tiene la competencia de declarar el incumplimiento a la Ley antes mencionada.

 

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