La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, presidida por la portuguesa Marta Valiñas, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un alarmante informe que abarca el período comprendido entre enero de 2020 y agosto de 2023, en el que se documentan preocupantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.
Durante este período, la Misión encontró pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela, incluyendo "al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 58 detenciones arbitrarias". Además, se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraban violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, enfatizó que estas violaciones continúan afectando a la sociedad venezolana y se han dirigido particularmente contra líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos en años recientes. La Misión también señaló que las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado, y se han intensificado los esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático en el país, con restricciones a las libertades individuales y colectivas.
"En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, 'duros' y 'blandos', conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social", declaró Francisco Cox, experto de la Misión. "Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica", añadió.
La Misión destacó el caso de seis sindicalistas condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión "por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después de haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año". Esta práctica de criminalizar la participación en actividades legítimas tiene como resultado el silenciamiento y amedrentamiento de quienes se oponen al Gobierno.
La falta de independencia en las instituciones judiciales y constitucionales, como la Contraloría y el Consejo Electoral, también coarta los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos, asfixiando el debate y la vida política en el país.
La Misión advirtió que el panorama es especialmente preocupante en el contexto de las elecciones presidenciales programadas para 2024, ya que al menos tres candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, uniéndose a una lista de otros políticos reconocidos que también fueron inhabilitados.
En vista de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, la Misión hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que tome medidas concretas y garantice que se rinda cuentas por los abusos cometidos en Venezuela. Además, se insta a vigilar la actuación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), que sucedió a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) y ha continuado con prácticas similares que violan los derechos humanos.
