El informe anual sobre derechos humanos de Estados Unidos ha denunciado las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en El Salvador bajo el régimen de estado de excepción impulsado por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas. El informe destaca numerosos reportes de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a manos de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se impuso el estado de excepción en marzo de 2022. Además, más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones.
Las condiciones en las cárceles empeoraron durante el estado de excepción, lo que ha derivado en denuncias de condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos entre los detenidos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha recibido más de 400 denuncias de posibles abusos humanos en el país durante los primeros 5 meses del estado de excepción.
Por otra parte, el Departamento de Estado de EE. UU. ha afirmado que la corrupción sigue siendo un problema persistente en el país, junto con la impunidad. El documento señala que la mayoría de los casos investigados por el fiscal general fueron en contra de funcionarios de gobiernos anteriores, a pesar de las denuncias de corrupción por parte de funcionarios actuales.
La reciente imagen de 2.000 supuestos pandilleros sin camiseta, esposados, agachados y amontonados tras su traslado a una prisión salvadoreña fue ampliamente criticada por defensores de derechos humanos por la falta de humanidad en el trato. Además, una organización de defensa de derechos humanos ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sistemática de los derechos de 66 personas detenidas durante la estrategia ofensiva contra las pandillas.
El régimen de excepción, que pronto cumplirá un año de vigencia a fines de marzo, permite arrestos sin orden judicial y se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.
