La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido dos órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo una contra el presidente ruso Vladimir Putin, quien es acusado de deportación ilegal de niños ucranianos.
Es la primera vez que la CPI pide la detención de un jefe de Estado en funciones y la primera vez que se pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La responsabilidad individual de Putin se debe a su papel como jefe de Estado y por haber cometido los actos directamente o permitido su comisión. La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa María Lvova-Belova. Ambos crímenes se cometieron presuntamente desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Rusia no es miembro del tribunal, pero la CPI puede procesar a ciudadanos rusos por delitos cometidos en Ucrania porque este país reconoce la jurisdicción de la CPI para investigar los crímenes de guerra en su territorio.
El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos, ya que el tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía.
