El segundo decreto ley propuesto por el presidente Guillermo Lasso, que busca establecer un nuevo sistema de zonas francas, será analizado por la Corte Constitucional a partir del 8 de junio de 2023. Si bien se espera que esta medida tenga beneficios significativos para el comercio exterior, existen preocupaciones sobre los vacíos existentes en los contratos de inversión ya firmados, lo cual ha generado incertidumbre en gremios como Fedexpor.

Según un informe publicado por LA HORA, el nuevo sistema de zonas francas podría reducir los costos de los exportadores hasta en un 30% y brindar otros beneficios en términos de empleo y actividad económica. Sin embargo, Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de Fedexpor, ha destacado que estos beneficios dependerán de la simplificación y facilitación de trámites en las zonas francas, aspecto que deberá ser abordado en el reglamento correspondiente.

Además, preocupa al sector exportador que el nuevo esquema propuesto por el Gobierno pueda implicar cambios en las condiciones de los contratos de inversión ya existentes. Rosero enfatiza que este aspecto es relevante, ya que los inversionistas que han apostado por el país podrían verse afectados si se modifican las condiciones originales de sus acuerdos.

La normativa presentada por el Gobierno de Lasso presenta este vacío, el cual según Rosero no podría ser subsanado mediante la reglamentación, generando incertidumbre en el sector.

La audiencia pública sobre el decreto ley de zonas francas se llevará a cabo el 8 de junio de 2023 en la Corte Constitucional, y se espera la presencia del presidente Lasso y los ministros del frente económico. Sin embargo, existe la posibilidad de que la próxima Asamblea, surgida de las elecciones anticipadas, pueda revisar, modificar o anular lo establecido en el decreto presidencial, lo cual añade más incertidumbre al panorama.

Rosero subraya que la implementación de las zonas francas requiere una visión y una planificación a mediano plazo, por lo que la incertidumbre actual dificulta la llegada de grandes flujos de inversión necesarios para establecer la infraestructura y operación de las zonas francas.

En resumen, el debate en torno al decreto ley de zonas francas en la Corte Constitucional ha generado preocupación e incertidumbre en el sector exportador, especialmente en relación con los contratos de inversión ya existentes y la posibilidad de cambios en las condiciones establecidas.