El ministro de Energía ha expresado su preocupación por los efectos adversos que se producirían si se aprueba la consulta popular anti petrolera en el Yasuní. Según el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, esta medida resultaría en la pérdida de recursos para el Estado, así como de empleos e inversiones.
De acuerdo con las estimaciones, el país dejaría de percibir alrededor de $16.470 millones en ingresos durante los próximos 20 años. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera:
En primer lugar, se perderían $13.800 millones debido a la falta de extracción de las reservas aún existentes en el campo petrolero.
En segundo lugar, los costos de abandono del campo ascenderían a $467 millones. Además, Petroecuador tendría que destinar $251 millones para compensaciones sociales, que incluyen pérdidas económicas derivadas del cierre de operaciones y la consiguiente pérdida de empleos.
Finalmente, se estima que se deberían retirar instalaciones e infraestructura petrolera, lo que equivaldría a una inversión de $1.952 millones.
El ministro resaltó que el bloque 43 ITT, que cesaría sus operaciones un año después de la aprobación de la consulta, ocupa únicamente 80 hectáreas. El costo operativo actual, incluyendo la inversión, es de $15,31 por barril, y actualmente hay 50 empresas involucradas en estas operaciones. Desde 2014, el valor neto obtenido del ITT ha sido de $4.000 millones.
El ministro de Energía y Minas expresó su preocupación por los habitantes de la zona del ITT, afirmando que miles de personas perderían sus medios de vida e ingresos si la consulta se aprueba. Destacó que alrededor de 1.000 trabajadores se encontrarían en una situación de extrema precariedad, ya que no existiría una alternativa viable a la producción petrolera.
El ministro también señaló la dificultad de reemplazar los ingresos provenientes del petróleo con otras fuentes y subrayó que esta medida no beneficiaría a la humanidad, ya que el petróleo que no se extraiga en Ecuador simplemente sería bombeado por otro país productor que aprovecharía la demanda.
En un llamado a la compasión, el funcionario instó a los Yasunidos a considerar el impacto que esta decisión tendría en las personas que viven en la zona.
Además, el ministro de Energía mencionó que se está evaluando la posibilidad de reactivar una campaña para que la comunidad internacional compense al país por dejar el crudo del ITT bajo tierra. En este sentido, ha mantenido conversaciones al respecto con el secretario de Inversiones Público-Privadas y la embajadora en Estados Unidos.
