El Gobierno ecuatoriano ha propuesto una reforma tributaria que afectará a las casas de pronósticos deportivos, donde los jugadores hacen apuestas basadas en los resultados que esperan en varios eventos. Actualmente hay 16 empresas que se dedican a esta actividad, identificadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la mayoría locales y otras en el extranjero. La reforma plantea un impuesto único del 15% sobre la renta, que puede recaudarse de varias maneras.

El director del SRI, Francisco Briones, ha explicado que el impuesto se cobrará a las empresas operadoras de las plataformas de pronósticos deportivos, así como un impuesto a la renta del 15% sobre los premios a los apostadores y un recargo del 15% sobre la apuesta cuando se utiliza una plataforma fuera de Ecuador. El objetivo de la reforma es recaudar 10 millones de dólares al año, lo que significa que la actividad mueve al menos 66 millones de dólares anualmente.

En Ecuador, las apuestas son ilegales y están penalizadas en el Código Integral Penal. Sin embargo, en 2019 la Procuraduría interpretó que estas no son juegos de azar porque el pronóstico deportivo implica conocimiento y experiencia. A pesar de que las casas de pronósticos deportivos se benefician de la reforma, consideran que la medida es positiva porque ayuda a formalizar la actividad y despeja las dudas sobre su legalidad.

El impuesto a la renta propuesto por el Gobierno ecuatoriano para las casas de pronósticos deportivos sigue la tendencia mundial de regularizar este tipo de negocios y establecer su propio esquema de impuestos. En Perú, se emitió una ley en 2022 para regular las apuestas deportivas y se esperaba recaudar 40 millones de dólares. En Colombia, en ese mismo año, se recaudaron 52 millones de dólares. En Ecuador, la finalidad de la reforma tributaria es financiar en parte el sistema público de salud.

La reforma tributaria también busca aumentar la seguridad jurídica de los negocios y la formalidad de las empresas que se dedican a las apuestas deportivas. La medida puede ser vista como una oportunidad para que las empresas operadoras mejoren sus prácticas y se ajusten a los requisitos de la reforma. Además, el impuesto a la renta puede fomentar la transparencia y la responsabilidad social corporativa de las empresas que operan en el sector de las apuestas deportivas.