La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social avanzó en el proceso de fiscalización al proyecto fotovoltaico “El Aromo”. Para ello, este miércoles recibió de las autoridades competentes la información en torno a las acciones que se han tomado en este caso hasta el momento.

La asambleísta Luisa González expresó que se trata de un contrato millonario que podría causar un perjuicio a la economía nacional. Advirtió que en este proceso contractual existen ilegalidades e inconstitucionalidades, por lo que en varias ocasiones pidió información que hasta la fecha no le ha sido entregada, a la vez reveló que este proyecto no consta en el Plan Maestro de Electrificación.

De su lado, Daniel Lemus, ministro de Economía y Finanzas subrogante, expresó que el papel de la institución dentro de este proceso es emitir el dictamen de sostenibilidad de los finanzas fiscales tomando en cuenta una serie de parámetros previstos por las entidades. Aseveró que este contrato no tiene ninguna aportación del Estado ecuatoriano.

Entre tanto, Oscar Rojas, viceministro de Ambiente y Transición Ecológica, indicó que este proyecto va de la mano de un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación social, como habilitante para obtener la aprobación por parte de la autoridad ambiental nacional.

Así mismo, Enith Carrión, viceministra de Electricidad y Energía Renovable, sostuvo que este proyecto nace de un plan maestro en el cual a través de un acuerdo ministerial expedido en 2019, considerando el incremento de la demanda de energía eléctrica en el país y la falta de generación.

En otro ámbito, la comisión aprobó, con 7 votos afirmativos, el informe del proceso de fiscalización relacionado con la detención del ciudadano Pablo Romero, en el que recomienda remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado y al Comité de Derechos Humanos para que investiguen la vulneración de derechos.