Durante la sesión No. 172, la Comisión de Régimen Económico decidió no aceptar la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea ratificar los textos aprobados en el Legislativo con 131 votos afirmativos.

Los articulados objetados tienen referencia con los clubes de fútbol, organizaciones que dentro del proyecto de Ley estarían obligados a rendir informes económicos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); la inclusión de políticos y tiendas políticas para rendir informes económicos, en vista de que, a consideración de la comisión, son propensos a caer en actos de corrupción, y la ampliación de plazos para la reforma de la normativa técnica relacionada con la evaluación nacional de riesgos. 

El asambleísta Blasco Luna, apoyado por su colega, Ana Herrera, propuso no allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo, moción que fue aprobada con 5 votos. La moción consistió en ratificarse en el texto original aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Este proyecto tiene como objetivo regular las actividades económicas de varios sectores para evitar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.

Según la propuesta, se incorpora al control de la UAFE las siguientes personas naturales y jurídicas: los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series ‘A’ y ‘B’ que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama, jueces del sistema judicial y fiscales, el personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, los directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas; gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados; las compañías y empresas que usan el factoring; los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos y los asambleístas.