89,8 toneladas de cocaína han sido destruidas en el país, entre enero y el 2 de junio del 2022. Así lo dio a conocer la Policía Antidrogas este viernes 3 de junio del 2022.
Los últimos procedimientos se ejecutaron esta semana. El martes 31 de mayo del 2022 se destruyeron 3,5 toneladas y el 2 de junio ocurrió lo mismo con 6,2 toneladas de narcóticos. Estos procedimientos se los realizó en una empresa de gestión ambiental.
Según Yuri Narváez, director nacional de Investigación Antidrogas, esas 6,2 toneladas fueron decomisadas en Quito y Guayaquil durante operativos antinarcóticos ejecutados entre 2021 y lo que va de este año.
El jefe policial dijo que la droga destruida tiene un valor en el mercado nacional de USD 12,4 millones, pero en el mercado internacional tendría un valor aproximado de USD 250 millones.
“Es un duro golpe que se ha dado a través de la aprehensión y destrucción. Se ha afectado a las economías ilegales de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y microtráfico”, aseguró Narváez.
La Policía también indicó que las 6,2 toneladas fueron destruidas a través de un proceso de encapsulamiento.
Los métodos
Existen dos mecanismos para eliminar la droga aprehendida. El primero es la encapsulación. Esto consiste en triturar el narcótico y juntarlo con cemento y otros aditivos. Esa mezcla se arrojada a un vertedero de seguridad donde se conforma una macroencapsulación en capas de 20 centímetros de espesor y se obtiene una loza dura.
“Esto garantiza la destrucción total de la sustancia y su confinamiento definitivo bajo toneladas de hormigón”, indicó la Dirección Antinarcóticos. Ese hormigón, incluso, puede utilizarse en construcciones de obras civiles.
En cambio, el segundo método es la incineración de la droga. Los paquetes de alcaloides se introducen, con la ayuda de una pala metálica, en un horno industrial.
La ceniza que queda es desechada mediante un proceso de gestión ambiental. Según la Policía Antinarcóticos, al quemar la droga se inactivan todos los compuestos químicos del narcótico.
Todo el procedimiento debe ser supervisado por un juez, un delegado de la Función Judicial, funcionarios de Fiscalía y Policía. Para cada destrucción se requiere una orden judicial. Así lo señala el Código Integral Penal. (El Comercio)
