Jueves, 26 Mayo 2022
Proponen que uso progresivo de fuerza se ajuste a recomendaciones de la Corte de Derechos Humanos

Proponen que uso progresivo de fuerza se ajuste a recomendaciones de la Corte de Derechos Humanos Destacado

 

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral escuchó a la Procuraduría General del Estado y a la experta María Belén Corredores, en el marco del estudio del proyecto de Ley de Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza, quienes coincidieron que la normativa debe ajustarse a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Diego Regalado, a nombre de la Procuraduría del Estado, aseguró que el uso progresivo de la fuerza debe ser debidamente planificado y ejecutado de manera proporcional, solo cuando los demás medios de control hayan sido insuficientes.

La norma debe establecer, con claridad, que el uso de la fuerza debe responder a los principios de excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad pero, sobre todo, como refiere la Corte IDH, se debe agregar el principio de humanidad. Estos preceptos deben ser recogidos en el texto de la ley, no solo en la exposición de motivos, añadió.

Por otro lado, subrayó que la Corte Constitucional determinó que el Estado debe garantizar la capacitación continua de los miembros de las entidades de seguridad, respecto del uso progresivo de la fuerza y de la adecuada manipulación de armas letales y no letales, con una visión que garantice la protección de los derechos humanos.

Así mismo, sugirió que “la ley distinga con claridad los protocolos de uso de la fuerza en dos circunstancias: en la persecución del delito y cuando se trate de controlar la protesta social, que es un derecho de los ciudadanos; en este último acápite, el objetivo será la protección de los participantes de las protestas pacíficas”.


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Entre tanto, María Belén Corredores recordó que el uso progresivo de la fuerza se reconoce como una prerrogativa del Estado que está sujeta a limitaciones legales y solo se justifica en los casos en que las otras medidas de control se hayan agotado.

Destacó que la Corte IDH ha desarrollado una amplia normativa relacionada con esta materia, uso que debe darse de manera proporcional, responsable y regulada. Igualmente, la utilización de este recurso será forma limitada y en casos excepcionales, sobre la base de principios como seguridad, necesidad y proporcionalidad, en función de las condiciones del conflicto. Planteó que se incluya en la ley la participación de las entidades complementarias de seguridad, como dispuso la Corte Constitucional.

Finalmente, la Comisión de Seguridad Integral escuchó a dirigentes de la Confederación de Juntas Cívicas Populares de la Parroquia San Francisco, del cantón Muisne, Esmeraldas, quienes solicitaron se tomen medidas legislativas que garanticen la seguridad de las actividades de los pescadores, frente a la ola de robos, secuestros y demás delitos de los que son víctimas dentro y fuera del mar. “La Constitución garantiza la seguridad para todos los ciudadanos, incluidos quienes nos dedicamos a la pesca”, señaló Rubí Pérez.

El presidente del organismo, Ramiro Narváez, comprometió el trabajo de la Comisión para revisar la legislación, en lo que atañe a seguridad ciudadana y, a la vez, ejercer el control político respecto del trabajo de las autoridades vinculadas con la protección de las costas y puertos del país, para que rindan cuentas de su gestión.

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