El abogado Juan Carlos Salazar ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y claridad en el manejo del caso León de Troya por parte de la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia, alegando que están actuando como operadores políticos en lugar de buscar la verdad social.
El abogado se refiere al caso León de Troya, en el cual se investigan posibles vínculos entre la mafia albanesa y el Gobierno de Ecuador. Salazar critica que la Fiscalía no ha proporcionado información sobre cuántas personas están siendo procesadas en este caso ni ha aclarado los posibles lazos entre la mafia albanesa y el Gobierno.
La polémica en torno al caso se intensificó después de que el teniente de la Policía Nacional, Rodney Rengel, investigador del caso, se refugiara y se escondiera debido a amenazas a su vida y la de su familia. En un video que se volvió viral, Rengel expresó su temor y mencionó que no tuvo la culpa de que en la investigación se cruzara un familiar del Presidente Guillermo Lasso.
El abogado Salazar considera que esta situación evidencia el miedo de un ciudadano real y sin uniforme a las posibles represalias por su participación en la investigación del caso León de Troya. Salazar enfatiza que los oficiales encargados de la investigación no son los villanos de la historia.
La falta de respuesta y aclaración por parte de la Fiscalía sobre el caso ha generado preguntas en la opinión pública. Juan Carlos Salazar cuestiona cuántas personas están siendo procesadas en relación con León de Troya y cuáles son los vínculos entre la mafia albanesa y el Gobierno. También se pregunta a quién protege la Fiscalía y por qué el silencio en este asunto.
El abogado también critica la reciente rueda de prensa ofrecida por el comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, en relación con las declaraciones de Rodney Rengel, sugiriendo que más que una invitación a regresar a trabajar, fue un intento de silenciar al oficial. Salazar advierte que tomarán acciones legales en caso de posibles represalias administrativas contra el teniente Rengel.