Por unanimidad, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, liderado por la asambleísta Esther Cuesta, aprobó el Informe de Evaluación de la Ley de Movilidad Humana, que nace de una serie de reuniones con migrantes retornados y extranjeros en el Ecuador que requieren cambios que garanticen sus derechos.

María del Cisne Ojeda, consultora de GIZ, destacó que en este proceso se levantó información que permite identificar inconsistencias y falta de claridad, por lo que plantea recomendaciones relativas a garantizar el derecho a la educación media, superior y acceso a becas en el exterior; el derecho a la protección consular y acceso a la justicia; derecho al trabajo, inserción laboral, seguridad social y pensión jubilar; derecho al acceso al sistema financiero de las personas que se encuentran en condición de movilidad humana.

Así también recomienda aplicar el enfoque de derechos humanos, de género, intergeneracional, interseccional y de movilidad humana a lo largo de la norma.

Finalmente, aprobó un proyecto de resolución que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional que recomienda una serie de acciones a implementar para garantizar que la Ley Orgánica de Movilidad Humana se aplique de manera efectiva y eficaz.