En la Comisión de Garantías Constitucionales continúan las comparecencias de autoridades del Estado, para contribuir a la construcción del informe para primer debate del proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.
Byron Cuesta, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), tras resaltar la importancia del proyecto que protege a las personas víctimas de discriminación etnocultural, sostuvo que es necesario conceptualizar algunos términos como discriminación y discriminación social, así como “racismo por violencia moral o física”. En este último término, coligió que se refiere a violencia psicológica o física que está determinada en otros cuerpos normativos.
Para el funcionario, es importante que conste dentro del proyecto la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades como uno de los actores del sistema. Planteó la unificación de los registros de información, con relación a violencia, discriminación, xenofobia u otras prácticas que vulneren los derechos, a la vez aclaró que la responsabilidad de construir viviendas para las víctimas de discriminación no es competencia del MIES, sino del MIDUVI.
De su lado, Solanda Goyes, directora de Acceso a la Justicia, del Consejo de la Judicatura, se refirió a los sumarios administrativos a los funcionarios judiciales que han violado la normativa del Código de la Función Judicial, por irrespeto a los derechos y garantías constitucionales de víctimas de discriminación racial.
Explicó que en este ámbito la Corte Constitucional y la reforma al Código de la Función Judicial emitida por la Asamblea Nacional en 2020 pusieron límites al Consejo de la Judicatura, para iniciar sumarios administrativos. Sugirió que se incorpore como causal de control disciplinario cuando se trate de violación de garantías constitucionales.
Sobre el artículo 28 del proyecto de Ley, dijo que, además de las capacitaciones que son de competencia de la Escuela de Formación Judicial, del Consejo de la Judicatura, sería importante que se añada la competencia de realizar evaluaciones a los operadores de justicia. “Una forma de promover el interés de los operadores de justicia en el tema, son las evaluaciones”, recalcó.
También propuso delimitar las medidas de prevención y de protección, para que no entren en contradicción con otras medidas de protección que ya están establecidas en otras normativas legales.
A su vez, la legisladora Paola Cabezas advirtió que existen más de 1200 denuncias por delito de odio y discriminación racial que se han presentado en la Función Judicial, pero aún hay operadores que no saben cómo actuar.
Solanda Goyes respondió que no son suficientes las capacitaciones e insistió en la importancia del proceso de evaluación y el levantamiento de datos desagregados, aspectos que deben formar parte del proyecto.
