Garantizar la protección integral para las niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad, es el principal objetivo del proyecto de reformas a varios cuerpos legales que fue preparado por el legislador Ángel Maita, junto a la "Casa Sofía".

Uno de los aspectos que le motivaron a presentar este proyecto, se refiere a que en la región andina, Ecuador es el segundo país con más embarazos adolescentes con una tasa de 77.3 embarazos por cada 1000 adolescentes, la mayoría de ellos en zonas rurales, lo que denota la falta de gestión por parte del Estado para hacer cumplir la ley y reparar a las niñas víctimas de abuso sexual.

Advirtió, además, que el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población señala que "el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina e incluso en las economías nacionales”.

La propuesta asegura la protección integral que consiste en la obligación del Estado, la sociedad y la familia de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad.

El proyecto tiene como principios rectores, entre otros, la no discriminación y no revictimización, es decir, prohíbe el ejercicio de cualquier tipo de categorías discriminatorias y todas las acciones y omisiones del Estado, para evitar la lesión continuada o reiterativa de derechos de las niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad.

Obliga a los ciudadanos a presentar una denuncia ante la autoridad competente, cuando en el desempeño de su actividad conocieren la comisión de un presunto delito de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, actos de corrupción en el sector privado, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes.

También determina que las instituciones de educación en todos los niveles garantizarán la continuidad del proceso de estudios de las niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad, a través de aplicación de mecanismos de acción afirmativa.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto será conocido por el Consejo de Administración Legislativa que, luego de la calificación, remitirá a una de las comisiones especializadas para su estudio.