La Comisión de Relaciones Internacionales, luego de analizar el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, referente al envío de remesas, derecho de transferencia de ahorros y el registro de un historial crediticio para acceder al sistema financiero, aprobó el articulado que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
Entre las observaciones expuestas en la sesión consta el derecho a la inserción educativa, acceso al sistema financiero, exención de tributos para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos; y otros beneficios a personas retornadas.
Regularización
En otro orden, la mesa legislativa escuchó a ciudadanos venezolanos y autoridades públicas, con el propósito de analizar el Plan de Regularización a Extranjeros y multas migratorias.
Gerardo Colmenares, ciudadano venezolano, expuso su caso en territorio ecuatoriano y las gestiones realizadas ante instituciones migratorias correspondientes, pero que no ha recibido una respuesta para regularizar su situación, razón por la que perdió su empleo.
De su lado, Yusmelis Arvelo indicó los problemas que debe enfrentar para trabajar, las complicaciones que se presentan para pagar las multas y realizar los trámites correspondientes, a fin de alcanzar su regularización.
Sandra Molina, viceministra de Seguridad Ciudadana, resaltó el respaldo de la institución para atender a las personas en movilidad. “Aquí no se discrimina la migración y se trabaja en estrategias para recibir a los ciudadanos extranjeros”, añadió.
Además informó que se busca generar una base de datos para fortalecer el enfoque de seguridad ciudadana y políticas públicas a favor de la movilidad humana, para que puedan trabajar de forma regular, en el marco de lo que establece la Ley de Movilidad Humana y Reglamento.
Fausto Iñiguez, subsecretario de Migración, afirmó que se ha realizado un trabajo sobre amnistías de multas y que registran cerca de 785 multas ejecutadas por parte de la institución.
El presidente de la comisión, Juan Fernando Flores hizo un llamado de conciencia y solidaridad migratoria, a fin de actuar con responsabilidad y de forma consecuente, con los más de 500 mil venezolanos. La migración no puede ser criminalizada, añadió.