Se aceptó la prórroga solicitada para que se presente el resultado de la investigación de la situación carcelaria.

El Pleno de la Asamblea aprobó con 132 votos (unanimidad) la moción presentada por el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, para que se extienda el plazo dado a esa Mesa para que presente el informe sobre la actuación de los funcionarios en la crisis carcelaria del país y la alarmante situación de inseguridad ciudadana. El plazo dado a esa Comisión venció el 30 de octubre, pero, con la prórroga, se extiende hasta el lunes.

Durante su exposición, Narváez aseguró que tiene listo un informe borrador, pero que se necesita más tiempo para entregar el texto final. Manifestó que la tarea encomendada fue amplia y titánica, ya que no se trata solo de hacer un informe sobre la crisis carcelaria, sino cumplir un control político a todas las instituciones y poderes del Estado.

Aseguró que la metodología les permitió identificar las omisiones de las diferentes entidades, ya que se realizaron 62 comparecencias, 26 solicitudes de información a instituciones estatales, para un total de 900 requerimientos de información. Dijo que se revisaron informes de la Corte Constitucional y de organismos de Derechos Humanos, lo que les ha permitido tener un informe preliminar de más de 480 páginas, sin contar los anexos. Agregó que el motivo para pedir la prórroga es para profundizar en el análisis de las conclusiones y recomendaciones.

Desde la sociedad civil

Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos, a través de un comunicado, manifestó que, como parte de la veeduría que siguió el trabajo de la Comisión, ha constatado que el Estado ha incumplido sus obligaciones como garante de los derechos de los presos y que ese incumplimiento debe constar en el informe, con la identificación correspondiente de todas las instituciones y de los responsables que omitieron el cumplimiento de sus deberes  para que se puedan aplicar los correctivos necesarios. “Demandamos que los resultados de la investigación recogidos íntegramente en el informe borrador no sean desvirtuados en el informe final que se pruebe por la Comisión y la Asamblea”, consta en el documento.

Para la Alianza es necesario que se rediseñe una política criminal acorde con la Constitución y los estándares internacionales, que busque y garantice la rehabilitación de los detenidos y que este rediseño se realice con la participación de la sociedad civil, en especial de los reos y sus familias.