Un grupo de médicos posgradistas exige el cumplimiento de la disposición transitoria octava de la Ley Humanitaria. En este articulado consta que los galenos en formación, que prestaron sus servicios durante la pandemia, debían suscribir contratos de servicios ocasionales. Además debían percibir una remuneración mensual.

Sin embargo, los cuatro profesionales sanitarios no accedieron a ese beneficio. Lo explica la abogada y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño.

Ella apoyó el caso de los cuatro médicos, con quienes interpuso una acción de protección para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) cumpla con este ofrecimiento.

“Ellos debían ser contratados por el tiempo que dure su posgrado, según consta en la Ley Humanitaria. No se lo hizo, por lo que se interpuso la acción”.

En la normativa se lee que “las y los médicos que, durante la emergencia de covd-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Pública de Salud (RIPS) y complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales”.

A renglón seguido se aclara que la firma se hará con el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y las redes complementarias.

Esto durará por el tiempo de estudios y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría Médico general en funciones hospitalarias. El monto es de aproximadamente USD 1 600.

“El Ministerio está actuando de mala fe; no tiene ningún argumento para que los chicos no suscriban sus contratos. Además, la Corte ya se pronunció sobre el tema y es de cumplimiento inmediato”.

Adicionalmente, Miño recordó que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Humanitaria. Esta decretaba la entrega de nombramientos definitivos a los profesionales de la salud que estuvieron en primera línea. No obstante no se discutió esta disposición, por lo que sigue en vigencia.

A continuación, el testimonio de uno de los cuatro posgradistas que esperan el cumplimiento de esta norma. (El Comercio)