Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado comparecieron directivos de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para rendir cuentas de las acciones adoptadas frente a las denuncias de violencia física y sexual en contra de niños en el cantón Naranjal.

A esta reunión también debía acudir la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Sin embargo presentó su excusa y solicitó que se le fije nuevo día y hora, conducta que fue cuestionada por el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, así como las legisladoras Sofía Espín y Johanna Moreira, quienes advirtieron que la funcionaria tiene la obligación de rendir cuentas, por lo que volverá a ser citada.

La Comandante General de Policía, Tannya Varela se excusó, en razón de que debe atender acciones, en el marco del estado de excepción que se vive en el sistema de rehabilitación social del país.

En representación de la Fiscal General del Estado intervino la Fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, quien tras detallar las acciones adoptadas, advirtió que desde el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social no se reportó la información, pese a que tenían conocimiento de la situación de los dos niños.

Informó que la Fiscalía actúa a partir del 6 de septiembre de 2021, sobre la base de un parte policial, en el que se pone en conocimiento que habrían dos niños de 6 y 8 años en estado de vulneración, a la vez reiteró que los dos ministerios no remitieron la documentación pese a que el 4 y 5 de septiembre los niños fueron atendidos en hospitales de Naranjal y Milagro, razón por la que ha dispuesto la investigación correspondiente a los funcionarios o servidores por omisión.

Añadió que el 8 de septiembre dispuso las diligencias respectivas, como la valoración proctológica del niño por parte del perito médico legista y pidió al juez que emita con fines de investigación las boletas de detención para la madrastra y el padre biológico del niño.

También, indicó que el perito legista no tuvo acceso al niño, puesto que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos y solo obtuvo la historia clínica, con cuya información se procedió a formular cargos en contra de la madrastra del niño por lesiones, pero que luego de las diligencias correspondientes se procederá a proponer la reformulación de cargos con los elementos que se obtengan.

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Expresó que hasta el momento no han obtenido la versión de la madre biológica, ni de la hermana mayor de 16 años, que está bajo protección del MIES. Tampoco hemos podido obtener la versión de los vecinos, añadió.

La Fiscal invitó a evitar la revictimización de los niños por el uso de fotografías y a no difundir información que es de carácter reservada. Es fundamental cuidar la historia de vida de los niños, subrayó.

De su lado, Yoli Pinillo Castillo, fiscal del caso, aclaró que dentro de la investigación procesal y preprocesal se considera solo la situación de los dos niños, ya que sobre los otros cinco menores no había evidencia de violencia física, psicológica y sexual. Sin embargo, aseguró que podrían estar en situación de riesgo, por lo que se dictaron medidas de protección de acogimiento y están bajo la protección del MIES.

A su vez, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, tras señalar que se trata de un tema execrable desde el punto de vista humano y de salud, manifestó que es importante que todas las instituciones involucradas respondan de manera articulada para garantizar la protección a los niños por parte del Estado.

Afirmó que el MIES tiene protocolos para actuar de manera inmediata una vez que tienen conocimiento de los hechos. Manifestó que el ministerio tuvo conocimiento del caso el 6 de septiembre de 2021 a las 13h00, cuando una funcionaria recibió la llamada del Juez de la Unidad Multicompetente Civil de Naranjal requiriendo información del niño de 6 años.

El Secretario de Estado expresó que al iniciar sus funciones el 16 de septiembre tomó esta situación como prioridad y viajó a Guayaquil, para evaluar y verificar la información con el personal legal y establecieron que el caso lo conocieron el 6 de septiembre y no el 4, como sostuvo la Fiscal del Guayas. No obstante, aseveró que será la administración de justicia la que determine si hubo aquella responsabilidad.