El gremio empresarial, liderado por Miguel Ángel González, ha presentado una denuncia de inconstitucionalidad contra la Ley para enfrentar el Conflicto Armado Interno, que contempla el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15% a partir del 1 de abril.

En un documento remitido a la Corte Constitucional, el gremio expone razones de forma y fondo por las cuales considera que esta normativa no cumple con los preceptos de la Constitución ecuatoriana en lo que respecta a la creación y modificación de impuestos.

Una de las principales objeciones radica en que la Asamblea Nacional modificó el proyecto inicial presentado por el presidente Daniel Noboa, que originalmente solo contemplaba el incremento del IVA. Sin embargo, se añadieron nuevas contribuciones temporales, así como modificaciones a otros impuestos existentes, como la Salida de Divisas y el IVA en materiales de construcción.

Según el gremio empresarial, esta acción constituye una grave transgresión, ya que no solo se alteran aspectos esenciales de tributos preexistentes, sino que también se crean nuevos impuestos sin la iniciativa del Ejecutivo en ninguno de los casos, vulnerando así la competencia exclusiva del presidente en materia tributaria.

Además, señalan que estas disposiciones carecen del sustento técnico necesario, ya que fueron incorporadas sin el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, según el gremio, compromete los principios constitucionales del Régimen Tributario y la política fiscal.

Otra objeción planteada es la transgresión del principio de irretroactividad, al imponer un tributo no previsto con anterioridad al hecho generador, lo que afecta la previsibilidad en el régimen tributario.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Guayaquil solicita a la Corte Constitucional que admita a trámite la demanda de inconstitucionalidad y disponga la suspensión temporal de la Ley impugnada. Asimismo, han solicitado ser escuchados en audiencia pública para exponer de manera oral los argumentos que respaldan la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas.

Esta denuncia se suma a la acción legal presentada anteriormente por la organización política Unidad Popular, que cuestiona la inclusión del incremento del IVA al 15% en el veto presidencial, argumentando que este punto no fue debatido en la Asamblea Nacional.