El Gobierno ha confirmado la suspensión del contrato con Lafattoria SA, la empresa encargada de proveer alimentación a los internos de 25 de las 53 cárceles del país, así como una parte significativa de los desayunos escolares, debido a sus vínculos con el crimen organizado.
En una entrevista con «Punto de Orden», el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, reveló que Lafattoria había sido proveedor principal de alimentos para reclusos durante más de una década, generando considerables ganancias en el proceso. A pesar de que se le adeudan 30 millones por sus servicios, la empresa continuaba operando sin contratiempos.
Neira explicó que investigaciones de organismos de inteligencia establecieron la conexión de Lafattoria con el crimen organizado a través de operaciones financieras y relaciones con otros proveedores, lo que llevó al gobierno a tomar la decisión de suspender su contrato.
Hasta fines de junio, la alimentación de los presos está asegurada gracias a la intervención provisional de cada Gobernación con el respaldo de una organización internacional. Asimismo, los desayunos escolares seguirán siendo proporcionados sin inconvenientes.
El funcionario expresó preocupación por el poderío de Lafattoria y advirtió sobre posibles motines en las cárceles relacionados con la comida, con el objetivo de dañar la imagen del gobierno. Neira destacó la agilidad con la que Lafattoria presentó una acción de protección, con una audiencia convocada en tiempo récord, contrastando con la experiencia habitual de los ciudadanos ecuatorianos.
