El presidente Daniel Noboa anunció la tarde del viernes 19 de abril de 2024 la declaración de estado de excepción en Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo 229. La medida, que estará en vigor por 60 días, se fundamenta en una “grave conmoción interna y calamidad pública” provocada por la emergencia en el sector eléctrico, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio público de energía eléctrica.

Según el documento oficial, la situación de emergencia en el sector eléctrico demanda la adopción de medidas urgentes para superar los desafíos actuales, hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro eléctrico en el corto plazo.

La decisión del presidente Noboa se da en respuesta a la crisis que ha afectado al país, con prolongados cortes de energía de hasta 13 horas en diversos sectores debido al fuerte estiaje que ha golpeado las principales zonas de generación de energía. Ante esta situación, el Gobierno denunció a 22 personas por presunta paralización del servicio público y traición a la patria.

Una nota positiva en medio de la crisis es el aumento de caudales en los ríos Azuay y Morona Santiago, principales abastecedores de las centrales hidroeléctricas ecuatorianas, gracias a las intensas lluvias registradas desde el mismo viernes 19 de abril. Afluentes como Santa Bárbara y San Francisco en Gualaceo muestran incrementos significativos en sus caudales, lo que genera expectativas de mejora en el suministro eléctrico.

El Decreto Ejecutivo 229 también prevé la movilización e intervención coordinada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética y prevenir cualquier amenaza que pueda afectar su funcionamiento.

El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos necesarios para atender la emergencia, con la posibilidad de disponer de fondos públicos, exceptuando los destinados a salud y educación.

La ejecución del decreto estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.