Durante una intervención en NotiMundo, la asambleísta Gissela Garzón, representante de la Revolución Ciudadana (RC), desafió a aquellos que critican las 86 reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) por la Comisión de Justicia. Estas reformas, hasta ahora, permanecen en una especie de limbo, sin ser aceptadas ni rechazadas por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Uno de los puntos de mayor controversia es la propuesta de equiparar el valor y efecto de las sentencias penales a los informes de comisiones de derechos humanos en la revisión de recursos para corregir posibles errores. Ante las críticas, Garzón cuestionó: «Si están tan seguros de que las sentencias contra el expresidente Rafael Correa son correctas, ¿cuál es el problema de permitir revisiones internacionales o de otro tipo?».
Además, la asambleísta hizo referencia a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los informes de Comités de Derechos Humanos. En este sentido, destacó que la Corte Nacional de Justicia debería ser la instancia encargada de evaluar la pertinencia de estos temas, y la Asamblea solo estaba generando normativas adicionales basadas en convenciones.
Garzón subrayó la necesidad de las 86 reformas en el contexto de la inseguridad en el país, argumentando que el sistema de justicia debe contar con herramientas más efectivas para sancionar delitos de manera más contundente. Afirmó que estas reformas podrían prevenir la necesidad de recurrir a una Consulta Popular, que, según ella, es la principal preocupación del gobierno.
La asambleísta expresó su crítica hacia los miembros del gobierno por no participar en las sesiones públicas de la Comisión de Justicia.
