La Comisión de Garantías Constitucionales continuó la recepción de observaciones, criterios y sugerencias de expertas, para contribuir al tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio.
Nora Ayabaca, de la organización Mujeres Ecuatorianas Organizadas, sugirió que en el proyecto conste la obligación de crear un sistema nacional de instituciones, que estén ligadas al tema de la violencia de género y femicidio, y al que se pueda acceder a datos e información personal de las víctimas de violencia de género y femicidio, así como de los afectados y agresores.
A su criterio, dentro de este sistema institucional deben estar la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) y el Registro Civil. Sostuvo que un sistema único de datos permitiría agilidad en la atención de los casos de femicidio.
Asimismo, se refirió a la necesidad de que el personal que integre las casas de acogida, sea un equipo de profesionales seleccionados a través de un proceso de méritos y oposición, a fin de que conozcan sobre el tema y puedan dar atención especializada, oportuna y eficiente.
Para Susana Valarezo, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), es importante educar a los operadores de justicia, sobre violencia de género y femidicio. Según Valarezo, la atención primaria, o primera acogida, debe ser con calidez para los afectados, ya que el entorno familiar de la víctima ha cambiado abruptamente tras su femicidio, y en muchas ocasiones, los familiares no saben cómo actuar ni a dónde ir para encontrar ayuda y atención.
Indicó que “inclusive los operadores de justicia desconocen términos propios del tema, como misoginia o patriarcado”, lo que provoca contradicciones en los informes que presentan. También existe desconocimiento de códigos culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas, advirtió.
Por su lado, Alba Guevara, docente universitaria, sostuvo que la revictimización podría evitarse con un sistema judicial eficiente y que para evitar la peregrinación de los familiares de la víctima que desconocen los procedimientos.
Opinó que el articulado no está claro si debe haber un cambio de orden en los apellidos, o se debe retirar el apellido paterno. En cualquiera de las dos opciones, “es necesario aclarar que no se eliminan las obligaciones paternas”, enfatizó.
Añadió que el articulado propuesto debe equiparar la edad para los beneficiarios de los bonos. Propuso que sea hasta los 21 años, ya que en algunos artículos constan edades distintas y puede crear vacíos legales.
Como segundo punto orden del día, la comisión aprobó, con 7 votos a favor, el cronograma para el proceso de fiscalización de la situación jurídica de las personas amnistiadas en el caso denominado Comandos de Taura, el mismo que retomará el tratamiento tras la vacancia legislativa y se extenderá hasta el próximo mes de mayo.
