La fiscal Diana Salazar presentó ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una solicitud para fijar fecha y hora, para la audiencia de vinculación de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, y su asesor, Daniel R., en relación al caso Nene.
El caso Nene se originó a raíz de una investigación dirigida contra el hijo de la segunda mandataria, Francisco Barreiro Abad, por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias.
Sin embargo, el lunes se determinó que el caso se trasladaría a la Unidad de Fuero de Corte Nacional, después de descubrir supuestos indicios que implican a Abad con el caso.
Ante esta situación, la fiscal General del Estado decidió cambiar el delito a concusión y vincular a Abad y a su asesor a la indagación previa, que se prolongará durante 30 días adicionales.
Carlos Leonardo Alarcón, fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, informó que durante la etapa de instrucción fiscal, se recopiló documentación relacionada con «la contratación del denunciante por disposición directa de la Vicepresidenta» y registros telefónicos que «sugieren su presunta participación».
Por su parte, Verónica Abad acusó al presidente Daniel Noboa de «manipular la justicia y los entes», tras conocer su posible vinculación en el caso Nene. Aseguró que el proceso se desarrolla con la intención de forzar su renuncia.
En caso de que Abad sea procesada por concusión, se abriría la posibilidad de un juicio político en la Asamblea Nacional, según lo estipulado en el artículo 129 de la Constitución de la República de Ecuador.
Este artículo contempla el enjuiciamiento político por delitos como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, entre otros, sin necesidad de un proceso penal previo y con el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
