La fiscal general, Diana Salazar, informó que el Ministerio Público ha participado en la elaboración de propuestas para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cuanto al uso de armas, así como en las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, presentadas por el gobierno de Daniel Noboa en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024.

Durante su comparecencia telemática ante la comisión ocasional multipartidista para el tratamiento de los proyectos de ley derivados de la consulta popular y referéndum, este miércoles 5 de junio, Salazar presentó las interpretaciones de la Fiscalía y ofreció recomendaciones sobre ciertos aspectos no abordados previamente por la institución.

Reformas al COIP Sobre Tenencia y Porte de Armas

Salazar se refirió a la ley orgánica reformatoria del COIP en relación a la pregunta 4 del referéndum, que aborda la tenencia y porte de armas, municiones y componentes de uso privativo de las fuerzas del orden, y la asignación de armas, explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. La reforma, según Salazar, responde al mandato aprobado en las urnas el 21 de abril.

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Sin embargo, la fiscal general señaló una “desproporción en la consecuencia penológica” propuesta para la tenencia y porte de armas de uso privativo de las fuerzas del orden. Indicó que la actual propuesta equipara la tenencia de estas armas con delitos de mayor gravedad, como la pornografía infantil, el homicidio, la tortura y el abuso sexual, lo cual no es proporcional.

Propuestas de Modulación Penológica

La Fiscalía propone que se module de forma proporcional. Por ejemplo, que la pena privativa de libertad sea de 5 a 7 años para la tenencia y de 7 a 10 años para el porte de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. “Si bien Fiscalía es respetuosa del mandato soberano, recomienda que el aumento de penas observe estándares proporcionales, con el fin de evitar que el mandato de comportamiento que emanan las normas penales, no se desdibuje”, reiteró la fiscal general.

Necesidad de Delimitación Clara de Armas de Uso Privativo

Para garantizar una adecuada seguridad jurídica, Salazar planteó la necesidad de que los reglamentos internos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas delimiten con claridad qué armas, municiones o componentes serán catalogados como de uso privativo. Esta clarificación permitirá determinar con precisión los hechos regulados por la presente reforma y los que seguirán bajo el artículo 360, que trata sobre la tenencia o porte de armas tradicional.

La fiscal general también mencionó que, con el fin de que las reformas a implementar no desdibujen el derecho penal y cumplan con los principios que rigen el debido proceso, es necesario observar una proporción en la consecuencia penológica en delitos como porte o tenencia de armas.

Simplificación del Proceso de Extinción de Dominio

Respecto a la propuesta de simplificar el proceso de investigación de extinción de dominio, Salazar advirtió: “la reducción de plazos en la tramitación traería consecuencias directas en la eficacia de la recuperación de bienes de origen ilícito e injustificado”.

Principio de Proporcionalidad

“La propuesta de la Fiscalía responde directamente al principio de igualdad. No es lo mismo tratar con las mismas penas graves a un delito de peligro, que a un delito de resultado: en el primero no existe un resultado material lesivo a un bien jurídico y en el segundo, sí”, añadió Salazar.

La intervención de la fiscal general Salazar subraya la importancia de una legislación equilibrada y bien definida para abordar adecuadamente la cuestión del uso de armas y otros aspectos cruciales en la seguridad y justicia del país.