La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ha presentado cargos por presunto tráfico de influencias contra el excontralor Pablo Celi y el exdirector de responsabilidades de la Contraloría, Luis Miño, en el caso Celu.

El caso se centra en la condonación de una glosa de más de USD 111 millones a la empresa Conecel-Claro durante el mandato de Celi como contralor.

Según la Fiscalía, el desvanecimiento de esta glosa ocurrió en junio de 2019, cuando ambos funcionarios habrían utilizado su posición jerárquica para influir en subalternos y favorecer económicamente a la empresa telefónica.

El caso Celu se hizo público en 2021 durante el juicio contra Celi, donde fue condenado a 13 años de prisión por delincuencia organizada en el caso Las Torres. Este proceso judicial también ha derivado en una investigación por presunto cohecho, sumándose a la espera de una audiencia de juicio en el caso China Camc.

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Pablo Celi estuvo al frente de la Contraloría desde el 2 de junio de 2017 hasta el 5 de julio de 2021, fecha en la que renunció.

En relación al caso Celu, la Fiscal Salazar tenía previsto presentar cargos contra otras personas, pero al inicio de su intervención ante el conjuez Marco Rodríguez Mongón, decidió no referirse a la situación de Hans Williams C. V. y otros exfuncionarios de la Contraloría debido a diligencias pendientes.

La Fiscalía solicitó arresto domiciliario para Celi, quien ya está bajo esa medida cautelar por otro proceso penal, mientras que para Miño pidió orden de prisión preventiva.

Se ha pedido que la instrucción fiscal tenga una duración de 90 días y siga el trámite ordinario.