La empresa proveedora de alimentos La Fattoria S.A. se encuentra en medio de una controversia luego de que el Gobierno presentara una noticia criminis a la Fiscalía, involucrando a la compañía en un presunto delito. Richard Villagrán, presidente de La Fattoria, ha respondido a estas acusaciones, destacando los desafíos financieros que enfrenta la empresa.

Con 28 años de trayectoria, La Fattoria se ha especializado en la distribución de alimentos y emplea a 1,200 trabajadores. Durante los últimos 12 años, ha estado a cargo de proveer desayunos escolares y alimentación a personas privadas de la libertad en Ecuador.

Según Villagrán, el Estado ecuatoriano adeuda a La Fattoria la suma de USD 30 millones desde noviembre pasado, de los cuales USD 20 millones corresponden al programa de desayuno escolar y USD 10 millones a la alimentación de internos en cárceles.

“Para el inicio de clases del 6 de mayo, no se ha solicitado el desayuno escolar para la Costa. Esto significa que los estudiantes de esa región no recibirán este servicio”, lamentó Villagrán.

El presidente de La Fattoria considera que la acción del Gobierno al presentar la noticia criminis es parte de un “juego político” destinado a dañar la reputación de la empresa. Villagrán destacó que recientemente, los internos no pudieron recibir su alimentación debido a las dificultades financieras y administrativas que enfrenta la compañía.

La Fattoria S.A. ha tomado medidas para abordar esta situación, incluida la solicitud al Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) para habilitar una nueva licitación. La empresa fue bloqueada en el Sercop, mientras que el Ministerio de Finanzas ha retenido los pagos a La Fattoria durante más de dos meses.

Villagrán anunció que La Fattoria S.A. buscará defender sus intereses tanto a nivel nacional como internacional ante las acusaciones formuladas por el Gobierno. La empresa enfrenta importantes desafíos financieros y logísticos derivados de esta situación, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios vitales que proporciona a comunidades escolares y a personas privadas de la libertad en Ecuador.