En un análisis crítico sobre el estado actual del sector eléctrico, la exviceministra de electricidad, Enith Carrión, ha destacado varios problemas estructurales que plantean desafíos significativos. Uno de los principales obstáculos identificados es el alto costo de los contratos colectivos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), lo que compromete su sostenibilidad financiera y limita las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y desarrollar nuevos proyectos.

Según Carrión, los contratos colectivos, con beneficios desproporcionados en relación con la realidad económica del país, representan una carga financiera considerable. Esto se ilustra con el hecho de que la deuda de CNEL a Celec asciende a $400 millones, mientras que el contrato colectivo de CNEL implica un gasto anual de $500 millones. Esta situación, exacerbada por decisiones judiciales vinculadas a los contratos colectivos, complica aún más el panorama financiero del sector.

Roberto Luque, actual ministro de Energía y Minas, también ha señalado la influencia negativa de los contratos colectivos en la crisis eléctrica actual. Luque identificó abusos dentro de estos contratos, como el pago de salarios exorbitantes a ciertos empleados, lo que afecta la capacidad financiera de las empresas públicas y del sistema eléctrico en su conjunto.

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Además de los problemas asociados con los contratos colectivos, Carrión identifica otros factores estructurales que contribuyen a la crisis eléctrica:

1. Falta de Institucionalidad: La fusión de ministerios y agencias de control ha debilitado la capacidad de regulación y supervisión del sector energético y minero, al no contar con recursos suficientes ni capacidades técnicas adecuadas.
2. Baja Inversión: El incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, que requiere una inversión significativa tanto pública como privada, ha limitado el desarrollo de nuevas capacidades de generación y transmisión de energía.

Carrión destaca la necesidad de abordar estos desafíos estructurales mediante reformas institucionales, una mayor transparencia en la gestión financiera y un aumento significativo de la inversión en el sector eléctrico. Con una perspectiva a largo plazo y un enfoque colaborativo entre el sector público y privado, se espera poder superar estos obstáculos y garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible para el país.