La jueza Eugenia Capuchtti se encuentra frente a una decisión trascendental para la justicia argentina y ecuatoriana. Deberá resolver el pedido de extradición de Hernán Luque, quien fuera un alto funcionario en el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador.
Hernán Luque, anteriormente titular de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), es objeto de un pedido formal de extradición por parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador. Este pedido se originó en el marco del caso conocido como Encuentro, donde Luque es señalado de participar en actividades relacionadas con delincuencia organizada.
El proceso tomó un giro significativo cuando Luque fue detenido por agentes de Interpol en Argentina en febrero de 2024. Desde entonces, el caso ha estado bajo la jurisdicción de la jueza Capuchtti, quien ahora tiene la responsabilidad de decidir si Luque será entregado a las autoridades ecuatorianas para enfrentar los cargos en su contra.
El pedido de extradición plantea una importante distinción legal entre los dos tipos de extradición existentes. Ecuador solicita una extradición activa, que implica la entrega de un ciudadano desde el extranjero para ser juzgado en su territorio. Esta solicitud se realiza en virtud de las leyes y tratados internacionales pertinentes.
Por otro lado, la extradición pasiva también es un factor a considerar en este caso. Este tipo de extradición permitiría que un ciudadano ecuatoriano fuera juzgado en un país extranjero por delitos cometidos, de acuerdo con las leyes de ese país.
En este contexto, la jueza Capuchtti deberá sopesar cuidadosamente los argumentos presentados por ambas partes y tomar una decisión que respete los principios de justicia y cooperación internacional. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas tanto para el sistema legal argentino como para la relación entre Argentina y Ecuador.
