El expresidente argentino Alberto Fernández quedó este jueves en la mira de la Justicia por un escándalo de contrataciones de seguros por organismos públicos durante su Gobierno. El fiscal Ramírez González lo imputó por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

La denuncia pide que se investigue al exmandatario, que estuvo en la Casa Rosada entre 2019 y 2023, por las supuestas irregularidades vinculadas a un decreto que Fernández firmó a finales de 2021 en el que ordenaba que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, perteneciente a Banco Nación, una institución del Estado. Los querellantes acusan al exmandatario de haber favorecido a amigos suyos, que actuaron como intermediarios a cambio de comisiones millonarias.

Aunque esos seguros podían contratarse de forma directa, los organismos públicos utilizaron de intermediario a su amigo Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Cantero. Martínez Sosa figura además como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas. Además de Martínez Sosa, entre los imputados está el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano. El escándalo que salpica al expresidente peronista investiga un supuesto fraude de 20.000 millones de pesos, casi 20 millones de dólares.

En un primer momento, Fernández intentó desviar la sospecha hacia su secretaria: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Tras la imputación de este jueves, fue más tajante en su defensa: “Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado ni autorizando ningún negociado”, declaró a Radio La Red.

Martínez Sosa y otros proveedores de seguros figuran como visitantes de la quinta presidencial de Olivos en 2020, incluso durante el confinamiento decretado por la pandemia de la covid-19. Fernández no niega el vínculo, pero desmiente que las visitas fueran de negocios. “Yo hago de la honestidad un culto. Sé que soy un hombre público y estoy hablando para explicarle a la gente”, agregó.

González ha solicitado “todos los convenios o contrataciones” hechos desde las distintas reparticiones del Estado que suscribieron contratos de seguro bajo los términos del decreto presidencial. El fiscal ha pedido que la Superintendencia de Seguros desvele cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones. La imputación tiene lugar pocos días después de que el exmandatario regresase a Argentina. Tras ceder el bastón de mando a Javier Milei el pasado 10 de diciembre, Fernández viajó a España para instalarse un par de meses allí con su familia.