Expertos y constitucionalistas continúan su participación en la Comisión de Garantías Constitucionales, con el fin de exponer sus observaciones y propuestas al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En la sesión N.° 50, comparecieron los abogados Daniela Erazo y Andrés Mora.
Daniela Erazo, tras recordar que la Ley de Garantías jurisdiccionales se expidió en 2009 y, desde entonces, no se ha realizado ninguna reforma, consideró que la reforma es medular para el país, porque es necesario regular los mecanismos para defender los derechos vulnerados.
También manifestó que la Ley vigente ha sido objeto de interpretaciones por parte del sistema judicial, que han llevado a la emisión de acciones constitucionales improcedentes.
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Al igual que otros expertos que han participado en comisión, Erazo consideró que las reformas planteadas deben servir para evitar abusos en la aplicación de acciones constitucionales.
Recalcó que esta ley tiene como espíritu hacer que las personas se apropien del derecho constitucional, que se lo aplique y se respete la Constitución. “Las reformas no deben orientarse a restringir la presentación de acciones constitucionales, sino a aclarar temas procesales para que sea de mayor facilidad al momento de presentar, resolver y contestar”, enfatizó.
Por su parte, Andrés Mora corroboró que los temas procesales con sentencia no deben necesariamente traducirse en reformas a la ley, “porque esas sentencias norman y regulan aspectos cuando se vulneran las garantías constitucionales”.
Además, se refirió a los estados de excepción y la celeridad de los mismos que se pretenden normar en la reforma a la ley. Señaló que el tiempo propuesto de 3 a 5 días, es muy corto, ya que, como práctica general, el tiempo de deliberación de la Corte Constitucional para regir el control constitucional requiere de más tiempo.
Por otro lado, subrayó que es improcedente la participación ciudadana para que la Corte Constitucional revierta precedentes, porque se estaría habilitando a la ciudadanía para que intervenga en sentencias dictaminadas. “Es necesario preservar la independencia judicial”, finalizó.
Concluidas las intervenciones, los comisionados solicitaron la entrega de los aportes por escrito, a fin de continuar el análisis respectivo e incluirlos en la construcción del informe para primer debate del proyecto en el Pleno del Legislativo.
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