Representantes de War Child Colombia contribuyeron con información relevante sobre el sistema judicial de ese país, para enfrentar al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos de delincuencia organizada (GDO).

Esta intervención se dio en cumplimiento de la resolución del Pleno del Legislativo, que delegó a la comisión el seguimiento a las estrategias y acciones de instancias relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia, para identificar medidas de prevención contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por parte de bandas de delincuencia organizada.

Juan Guerrero, gerente de proyectos de War Child Colombia y Juan José Castellanos, gerente de Programas, compartieron experiencias sobre la conformación institucional colombiana para enfrentar la captación de menores por la delincuencia organizada.

Sostuvieron que la principal herramienta para enfrentar la problemática es la articulación y coordinación interinstitucional, no gubernamental y de la sociedad civil, con una rectoría del Gobierno Central para combatir el reclutamiento de menores.

A criterio de los exponentes, “no existe reclutamiento voluntario”, lo que significa que en la legislación colombiana, el peso de la ley recae en los grupos de delincuencia, mientras que para los menores de edad, la ley se encamina a restaurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este tipo de delitos.

Los representantes de War Child Colombia insistieron en que el gobierno ecuatoriano debe impulsar una línea política pública para la prevención del reclutamiento. “Una sola institución no podrá garantizar que se contrarreste el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, indicaron, y, para ello, el trabajo conjunto con los gobiernos locales, con directrices del Gobierno Central, es el que va a garantizar la prevención de vulneración de derechos infantiles, recalcaron.

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Entre los factores de riesgo para que actúen las organizaciones delictivas reclutando infantes, se encuentran: la fragilidad institucional, ausencia de atención en territorios de difícil acceso, ausencia de servicios básicos, culturales y psicosociales, dinámicas que permiten que los menores creen sentido de pertenencia a los grupos étnicos a los que pertenecen.

Guerrero y Castellanos consideran que la pérdida de arraigo también es una causa de riesgo para el reclutamiento de niños y jóvenes. “Está demostrado que los niños, niñas y adolescentes con arraigo y capacidad de organización y participación comunitaria, tienen bajo interés en pertenecer a un grupo de delincuencia organizada”, enfatizaron. Además, conminaron a que el Estado promulgue políticas de seguridad, ya que es fundamental para acceder a dichos territorios.

En cuanto al marco jurídico colombiano, indicaron que en la Constitución constan artículos muy claros sobre los derechos de los niños, con características superiores y prevalentes. En este contexto, la niñez es considerada víctima, si cae presa de los grupos de reclutamiento, por lo tanto, el Estado está llamado a protegerlos y a restaurar sus derechos.

Advirtieron, además, que el reclutamiento de menores es multicausal, y por ello, es necesaria una coordinación interinstitucional. Informaron que en Colombia, por ejemplo, se creó una comisión intersectorial para la prevención de reclutamiento, que incluye a 13 ministerios que trabajan conjuntamente para dar respuestas a la problemática de cada territorio.

Asimismo, dijeron, que una línea de política y ruta de prevención temprana, como la que Colombia estableció, es primordial para actuar frente a los grupos de reclutamiento que han logrado ingresar a unidades educativas.

Por otro lado, aseguraron que es imprescindible activar un registro de víctimas, realizar un seguimiento y monitoreo constantes, fomentar la cooperación internacional y con la sociedad civil para trabajar conjuntamente contra el reclutamiento de menores de edad, todo coordinado con el gobierno central.

Al finalizar la intervención de los expertos colombianos, el vicepresidente de la comisión, Samuel Célleri preguntó su criterio acerca de la situación del Ecuador, a lo que respondieron que hay herramientas y voluntad para contrarrestar este problema que ha afectado a las dos naciones hermanas.

“Lo que notamos es que hay una voluntad de generar políticas públicas y procesos de articulación” finalizaron, al augurar éxitos al pueblo ecuatoriano en su lucha contra la delincuencia organizada, enfocada en el reclutamiento de menores de edad.