Pese a que no hay cómo echar para atrás la decisión popular sobre detener la extracción de crudo en el Yasuní, ya que «la Asamblea no puede aprobar una ley que modifique el criterio de la ciudadanía y el dictamen de la Corte Constitucional», el experto Emilio Suárez dice «es inviable técnica, jurídica, económicamente cerrar el pozo petrolero en el plazo de un año».
Ante ello, el constitucionalista plantea como una solución que el Gobierno pregunte vía consulta popular al pueblo sobre la posibilidad de mantener la explotación en el Yasuní ITT, pero prohibiendo cualquier exploración futura en la zona. Aunque, también indica que la Corte podría modificar su dictamen teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y económicas.
Suárez destacó que cerrar el pozo representaría un alto costo al país, díficil de cubrir en estos momentos en los que Ecuador se atraviesa una gran crisis fiscal. Y es que el ITT genera alrededor de 1.300 millones de dólares necesarios para sostener las finanzas y el costo de cierre estaría entre 600 y 1.000 millones.
«El Estado ecuatoriano está pasando por una crisis fiscal terrible, ahora es un mérito pagar sueldos al sector público y tener que destinar hasta 1.000 millones de dólares para cerrar un pozo petrolero», no es tan prudente, dijo.
