Hugo Larrea, abogado y docente de derecho laboral, se pronunció sobre el techo salarial que se impondrá en el sector público y calificó la medida como una tarea difícil para las empresas del Estado, ya que se generarán diversas reacciones como reclamos, demandas, entre otras. Y es que «cuando a alguien le meten la mano al bolsillo pueden haber reacciones de cualquier naturaleza».
Larrea señaló que la obligación de establecer este techo no surge únicamente a raíz de la expedición del acuerdo ministerial reciente, ya que las escalas de nivel jerárquico están en vigor desde 2019, tal como lo reconoce el propio acuerdo ministerial en sus considerandos y antecedentes.
Explicó que ahora lo que se enfatiza es un control para que ningún funcionario perciba un salario mensual superior a 5.072 dólares, equivalente al sueldo del presidente de la República. En ese sentido, los pagos adicionales, como horas extra, beneficios de contratos colectivos y viáticos, deberán ajustarse, ya que estos son los que contribuyen a que los sueldos superen este límite.
Por último, recordó que «el mandato 8 establece la obligación de que los contratos colectivos desaparezcan, negocien, anulen esas cláusulas abusivas o estas prebendas o beneficios por horas extra no gozadas, etc».
