En el marco del tratamiento del informe para primer debate de los proyectos de Ley de Registros Electrónicos Mercantiles y de la Propiedad; y, Ley del Sistema Público Nacional de Registro de la Propiedad, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió las observaciones de Jaime Villalva, de la Empresa Pública Registro de la Propiedad de Guayaquil, así como de los abogados Bolívar Beltrán, Aníbal Puga, Franklin Columba y Aquiles Hervas.

Jaime Villalva, abogado de la Empresa Pública Registro de la Propiedad de Guayaquil, dijo que en el actual proyecto faltan las normas sobre el registro mercantil.

Subrayó la importancia de los sistemas digitales y base de datos, como parte del desarrollo de la normativa complementaria respecto a los registros. Añadió que los principios registrales deben ser aplicados siempre que consten en una norma escrita; además es necesario acoplar el texto del proyecto propuesto a la Ley Orgánica para la Transformación Digital.

Sentencia indígena

En comisión general, Bolívar Beltrán, experto en justicia indígena, recordó los antecedentes respecto a la justicia indígena, incluso antes de la República; actualmente, el artículo 171 de la Constitución recoge el “condumio” de la justicia indígena en el Ecuador, además la sentencia No. 1-12-EI/21 de la Corte Constitucional que resolvió la duda sobre el “conflicto interno”. En este contexto, consideró que debe existir un libro para el registro de las sentencias indígenas, que en Ecuador son aproximadamente 500. El tema también fue analizado y reflexionado por los asambleístas Misael Rodríguez y Eustaquio Tuala.

Aníbal Puga, experto en derecho registral y exregistrador de la Propiedad de Cayambe, recordó que en 2015 creó un libro para la inscripción de las resoluciones expedidas por las asambleas indígenas y que hasta noviembre de 2022 se registraron aproximadamente 60 sentencias indígenas.

Franklin Columba, presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha, mencionó que todavía está vigente la Ley de Registro expedida en 1966, que necesita una actualización, en la que conste la inscripción de las sentencias indígenas y demás actos provenientes del ejercicio del derecho de los pueblos y nacionalidades.

Aquiles Hervas precisó que existen dos ordenanzas sobre registros de resoluciones indígenas, expedidas en los cantones Cayambe y Loja; así como el Protocolo de Diálogo Intercultural, que tendría relación con el proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Gobiernos Autónomos.

Bosque Santa Catalina

En el marco del proceso de fiscalización del Bosque Santa Catalina compareció el subsecretario del Ministerio del Ambiente, Luis Esteban Jácome, quien aseguró que esta cartera de Estado indicó que “el predio no forma parte parte de los Bosques de Vegetación Protector (BVP) y requiere que se solucione el conflicto de tenencia de tierras para que se pueda declarar como tal” y que tampoco forma parte del sistema de áreas protegidas.

La legisladora Gissela Garzón expresó su preocupación porque existe una ordenanza del Municipio de Mejía sobre el área protegida. El subsecretario Esteban Jácome dijo que no tienen ninguna competencia sobre la ordenanza, además aquella área “no forma parte del Patrimonio Forestal del Estado”.

Entre tanto, la secretaria técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Shirley Muñoz, explicó la línea de tiempo desde la subasta pública del inmueble “Santa Catalina de Cutulagua” de 209.18 hectáreas, adjudicada a la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional Ayllupura. La funcionaria se refirió a dos acciones de protección y sus sentencias, en las que se resolvió que la subasta no vulnera los derechos constitucionales, por lo que “el proceso está debidamente realizado, tal es así que los jueces constitucionales resolvieron que los trámites están bien realizados”.

Gissela Garzón consultó sobre la quiebra del proceso y la declaración de impuestos de la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional Ayllupura, además de las posibilidades para cumplir la obligación de pago, mientras que Héctor Valladarez reflexionó sobre la importancia de proteger la naturaleza. Eustaquio Tuala cuestionó la motivación para la subasta de la propiedad, que es el “pulmón de la capital”.