El ranking de los salarios de los presidentes de América Latina

Abr 2, 2024

La comparación de los salarios de los jefes de estado con otros ingresos revela una perspectiva interesante sobre la disparidad económica dentro de un país, según destacan expertos en economía consultados por Deutsche Welle.

El doctor en Historia Económica y profesor de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar), Javier Rodríguez Weber, señala que este indicador proporciona información valiosa sobre el nivel de precios, las diferencias de ingresos y dónde se sitúan los salarios de los presidentes en relación con el resto de la población.

Según datos proporcionados por Bloomberg, Costa Rica encabeza la región con el salario mínimo más alto de USD 710, seguido por Uruguay (USD 580), Chile (USD 520), México (USD 445) y Guatemala (USD 420).

Al aplicar este indicador comparativo, se revela que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, gana 46 veces el salario mínimo mensual del país, seguido por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, cuyo ingreso mensual es 40 veces el sueldo mínimo nacional.

Entre otros líderes latinoamericanos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, recibe una remuneración equivalente a 30 salarios mínimos, mientras que Javier Milei, en Argentina, gana el mínimo multiplicado por 26.

Al observar los sueldos brutos mensuales de los mandatarios, se destaca la amplia brecha salarial entre los diferentes países, con Uruguay liderando la lista con USD 22,289, seguido por Guatemala con USD 19,062 y Costa Rica con USD 10,915.

Ricardo Torres Pérez, economista e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University de Washington, señala que esta disparidad se debe a varios factores, incluido el PIB per cápita y la historia económica de cada país.

Asimismo, Rodríguez Weber enfatiza la importancia de analizar estas diferencias salariales considerando los distintos niveles de precios en los países latinoamericanos, utilizando indicadores macroeconómicos como el poder adquisitivo.

En el caso de Cuba y Venezuela, la transparencia sobre los salarios de los dirigentes es limitada, con escasa información disponible sobre los ingresos de los líderes actuales y anteriores.


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