El diario El País ha hecho públicas revelaciones sobre la supuesta creación de perfiles genéticos en prisiones de Ecuador, realizada en secreto y mediante engaños a los presos, según tres fuentes oficiales.
Según el reporte de El País, los funcionarios a cargo de esta tarea explican a los internos que las muestras de ADN serán destinadas a un banco estatal de información para ayudar en su identificación en caso de enfrentar situaciones de violencia dentro de las cárceles o de suplantación de identidad. Sin embargo, se les oculta que tienen derecho por ley a negarse a que se tomen las muestras y que esta información genética podría ser utilizada en su contra en investigaciones criminales.
El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, José Suing Nagua, ha sido citado expresando la necesidad de implementar cambios significativos en la Corte Nacional y enfatizando la importancia de combatir la corrupción en el sistema judicial. Además, se menciona que estas acciones se llevarían a cabo como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para restaurar el orden en el sistema penitenciario, en respuesta a la escalada de violencia protagonizada por pandillas.
El reportaje también señala que las autoridades han utilizado el estado de excepción para permitir la intervención militar en las prisiones y han aprovechado esta situación para realizar el registro genético de los internos. Sin embargo, se plantean dudas sobre la legalidad y la ética de este proceso, especialmente en lo que respecta al consentimiento informado de los prisioneros y la confidencialidad de la información genética recopilada.
Ante estas revelaciones, el Comité Permanente de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación y ha señalado posibles violaciones de derechos fundamentales, instando a que cualquier recolección de datos sensibles se realice de manera ética y legalmente apropiada.
El Ministerio de Salud Pública ha sido destacado como la entidad responsable de garantizar la integridad y el acceso seguro a esta información altamente sensible, subrayando la importancia de seguir los procedimientos éticos establecidos.
El Gobierno ecuatoriano aún no ha respondido a estas acusaciones, que plantean interrogantes sobre la transparencia y la protección de los derechos humanos en el sistema carcelario del país.
