El presidente Joe Biden anunció este martes una nueva política para la frontera sur con México, que busca restringir el número de solicitudes e ingresos a Estados Unidos, en respuesta a la crisis migratoria que el país ha enfrentado durante años.

Funcionarios de la Administración demócrata respaldaron el anuncio, destacando que estas medidas son “decisiones decisivas para fortalecer nuestra seguridad”, sumándose a políticas implementadas en meses previos.

La norma establece que las autoridades estadounidenses podrán deportar a aquellos que no cumplan con estrictos estándares que se implementarán cuando las solicitudes de asilo diarias superen las 2,500 durante siete días. Esta medida estará vigente a partir de hoy y se relajará cuando el número disminuya a 1,500 durante un promedio de 14 días.

Emily Mendrala, asistente adjunta del Presidente y Asesora Principal para Migración y Coordinación de la Frontera Suroeste, explicó que estas medidas son parte del compromiso de Biden por garantizar la seguridad fronteriza y mejorar el sistema migratorio, aunque señaló que “Biden hizo un llamado al Congreso, pero este no actuó en los últimos tres años”.

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Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, destacó los “despliegues récord” de personal, infraestructura y tecnología en las fronteras, así como una “expansión histórica” de canales legales para fomentar la migración segura y ordenada.

Estados Unidos ha visto un aumento significativo en las solicitudes de asilo en la frontera con México desde 2020, alcanzando niveles máximos. Solo en el último año se han expulsado a más de 750,000 personas, el número más alto desde 2010.

Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, resaltó la importancia de acciones coordinadas con países de la región para abordar el problema migratorio. Señaló la preocupación por el papel de Nicaragua en facilitar la llegada de migrantes irregulares a través de aerolíneas chárter, anunciando medidas contra el régimen de Daniel Ortega y las empresas involucradas.